Por Florindo Chivucute
Luanda, 2 de junio de 2025
A menos de dos años de las elecciones generales de 2027, Angola ya está siendo testigo de una preocupante escalada de intolerancia política y violencia contra figuras de la oposición y activistas. Los acontecimientos recientes sugieren un clima político en deterioro que amenaza la frágil coexistencia democrática establecida tras décadas de conflicto.
El 28 de abril de 2025, un trágico acto de violencia sacudió a la comunidad política nacional: el secretario de la UNITA en Sequele fue ejecutado a quemarropa dentro de su propia casa durante la noche. Según el portal Angola24Horas, testigos informaron que los atacantes derribaron la puerta y dispararon sin previo aviso, en lo que se ha interpretado ampliamente como un crimen de motivación política.
Solo unas semanas después, el 29 de mayo de 2025, se produjo otro ataque violento en el municipio de Ngalanga, en la provincia de Huambo, dirigido contra una delegación de la UNITA encabezada por figuras prominentes, incluido el general Apollo Felino Pedro Yakuvela. El grupo fue brutalmente agredido por más de 150 personas identificadas como simpatizantes del MPLA, armadas con palos, piedras y machetes. El ataque, que ocurrió a pocos metros del Comando Municipal de la Policía Nacional, dejó al menos siete personas heridas y resultó en la desaparición de un miembro de la delegación. La visita había sido previamente comunicada a las autoridades provinciales y municipales.
Estos actos de violencia no son incidentes aislados ni exclusivos del ciclo electoral actual. Angola tiene una larga historia de represión política que se remonta a las elecciones de 1992, cuando miles de simpatizantes de la UNITA fueron perseguidos y asesinados en Luanda y otras provincias tras el colapso del proceso electoral. En 2017, se reportaron enfrentamientos violentos entre simpatizantes del MPLA y de la UNITA en Benguela, Huambo y Cuanza Sul. Después de las elecciones de 2022, observadores de la Unión Europea y de la sociedad civil angoleña denunciaron la represión de protestas pacíficas, detenciones arbitrarias de activistas e intimidaciones a observadores electorales, especialmente en bastiones de la oposición como Cacuaco, Viana y Bié.
El patrón es recurrente: un Estado que no actúa como árbitro imparcial, fuerzas de seguridad utilizadas para proteger intereses partidistas y una cultura política aún enraizada en el dominio de un solo partido. El incidente de Ngalanga revela no solo la brutalidad de los atacantes, sino también la complicidad —o negligencia— de las autoridades que no impidieron la agresión, a pesar de encontrarse a pocos pasos del lugar.
Esta escalada de violencia pone en evidencia la debilidad de las instituciones democráticas de Angola y la falta de voluntad política genuina para garantizar elecciones libres, justas y seguras. Cuando los miembros de la oposición no pueden desplazarse libremente, visitar comunidades o participar en actividades públicas sin temor a ser atacados, la democracia deja de funcionar y se convierte en un simple teatro político gobernado por la represión.
Con dos años por delante antes de las próximas elecciones, Angola se encuentra en una encrucijada. Puede continuar por el camino de la intimidación, la impunidad y la exclusión política —o puede, con valentía y responsabilidad, abrazar plenamente los principios del pluralismo, el respeto mutuo y la participación equitativa.
La democracia no puede construirse con piedras y machetes. No puede sostenerse con miedo y persecución. Donde existe violencia política, no hay libertad —y donde no hay libertad, no puede haber democracia.
Sobre el autor
Florindo Chivucute es el fundador y director ejecutivo de Friends of Angola (FoA), una organización dedicada a promover la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza en Angola y en la región de África Central. Es consultor, investigador y experto en regímenes internacionales de sanciones, con un título en Gobierno y Política Internacional, y una maestría en Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, en Estados Unidos. Su labor destaca por su compromiso directo en la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia institucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos de transición política.
