Hace dos semanas, la Unión Europea y la Unión Africana se reunieron para desarrollar su estrategia renovada de asociación. Estas reuniones priorizaron la lucha contra la pandemia y la emergencia climática, entre otros temas. También se abordaron cuestiones como la seguridad, la gobernanza, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, aunque de forma poco destacada.
Años de colonización borraron cualquier atisbo de reconocimiento de la preexistencia de civilizaciones, tanto que ni siquiera en los libros de historia europeos se menciona las atrocidades y el saqueo a los que el continente fue sometido —y del cual sigue pagando parte de la factura. Algunas iniciativas por parte de países europeos han intentado hacer justicia frente a demandas evidentes de círculos intelectuales y políticos africanos. Es el caso, por ejemplo, de la devolución de bienes culturales o el reconocimiento del genocidio en países como Botsuana por parte de Alemania.
Sin embargo, otro tipo de saqueo está en marcha en los últimos años. Uno que permite a reconocidos cleptócratas amasar grandes sumas de dinero en bancos y paraísos fiscales con total impunidad, a costa de someter a la ciudadanía africana a la miseria más absoluta. Cabe destacar que estos cleptócratas se han beneficiado de mecanismos muy similares a los que han favorecido a los oligarcas rusos, posiblemente ahora detrás de la invasión de Ucrania.
España y Portugal ocupan, después de China, el podio de los principales socios comerciales de Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Solo en 2020, estos dos países compraron petróleo a ese país por un valor de casi 800 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial.
Y, como ha sucedido con Angola en Portugal, muchos líderes de Guinea Ecuatorial han circulado con sus coches o yates por Europa sin que nadie cuestione el origen de sus bienes. Ebony Shine es el nombre de uno de los megayates valorado en 100 millones de euros y perteneciente al vicepresidente; fue visto en Cerdeña el verano pasado, un “lujo criminal” para ciudadanos humildes como Marina (nombre ficticio), una anciana que recoge latas vacías como medio de vida —una práctica cada vez más común en la ciudad de Malabo, ante la imposibilidad de conseguir empleo o recibir asistencia pública. Varios procesos penales en España y Portugal dan cuenta de la magnitud de la corrupción en ese país. El caso más importante en Francia concluyó con la confiscación de bienes por un valor aproximado de 150 millones de euros. La repatriación de todos estos activos también debería formar parte del debate.
Esta injusticia no alarmaría tanto si al menos parte de los ingresos que recibe Guinea Ecuatorial se destinaran a la educación o la salud. Recientemente, EE.UU. anunció que los bienes incautados al vicepresidente se destinarían a la compra de vacunas contra el COVID-19 para la población. Esto no sería necesario si el sistema de gobernanza global y los mecanismos de control regulatorio impidieran con eficacia el desvío de fondos. Incluso si se entregan vacunas al país, la rueda seguirá girando, condenando a cada ciudadano de Guinea Ecuatorial a una pobreza cíclica.
Es por ello imperativo que la nueva estrategia de la UE tenga una “razón de ser” más sólida; debe reconocer que lo hecho hasta ahora solo perpetúa la desigualdad y que las estrategias actuales han resultado en discursos vacíos.
Las políticas actuales no hacen más que generar focos de pobreza extrema que conllevan a una mayor inestabilidad a largo plazo, como se ha visto en los países del Sahel. A modo de ejemplo, la coalición OCA ha podido documentar el estado deplorable de escuelas y hospitales en Malabo. Un solo vehículo de la colección de lujo del vicepresidente podría utilizarse para proporcionar electricidad al 65% de los estudiantes del país que no pueden usar computadoras ni estudiar por falta de luz.
Es hora de romper el círculo vicioso que siempre lleva de regreso a la inestabilidad y la pobreza, lo cual se traduce en una mayor inseguridad global, ya que alimentar a cleptócratas y autócratas implica pagar una factura más elevada en el futuro, como lo estamos presenciando en el corazón de Europa. El nuevo marco de la emergencia climática debería ser también una plataforma que contemple medidas (y concesiones) de apertura económica justas para el continente. Paralelamente, las opiniones de la sociedad civil africana deben ser escuchadas al momento de tomar decisiones que los afectan directamente.
